El fracaso de la Segunda República (parte 1ª)

A pesar de los ríos de tinta sobre ella sólo hay un hecho objetivo, por doloroso que resulte, y es que la Segunda República constituyó un fracaso. Sí, fue un fracasó. No sobrevivió y, ya sea como régimen político ya sea como proyecto político-social-econónomico, desapareció. En estricto sentido ella no fracasó, su desenlace constituyó un fracaso pero no fracasó. Si alguién fracasó no fue la institución sino sus valedores e impulsores. No fueron capaces de garantizar su supervivencia ejecutando con éxito su proyecto a pesar de los obstáculos que aparecieron en su camino.

En la presente entrada voy a realizar un análisis de dicho fracaso. Si alguien está esperando conclusiones deterministas que consideren dicho fracaso como algo inevitable, que se desengañe ya mismo. Nuestro experiencia republicana del siglo XX podía haber tenido éxito. Es verdad que algunas de las circunstancias que la rodearon escaparon a su control, como la polarización ideológica del periodo de entreguerras o la depresión de los años treinta, pero también es cierto que otras podían haber ido por otros derroteros si los políticos republicanos y sus grupos afines hubiesen, por ejemplo, manejado los tiempos de forma distinta. No pretendo realizar un planteamiento "contrafactual". No creo en ese método de investigación: fijar una alternativa histórica objetiva es prácticamente imposible sin entrar en monocausalidades y en planteamientos partidistas; además, medir su éxito es prácticamente imposible.

Las Segunda República: un acercamiento al régimen político y su proyecto.

¿Qué fue la Segunda República? ¿Qué representó para sus contemporáneos?

Debemos iniciar nuestro análisis rechazando todo tipo de extrapolación y proyección de nuestro presente sobre el pasado republicano. Ello sólo puede llevarnos al partidismo y a la  manipulación histórica.

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua (edición de 2014) la palabra república tiene las siguientes acepciones:

1. "Organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos o por el Parlamento para un período determinado".
2. "En algunos países, régimen no monárquico."
3. "Estado que posee este tipo de organización o de denominación."
4. "Cuerpo político de una sociedad."
5. "Causa pública, el común o su utilidad."
6. "Irón. Lugar donde reina el desorden."

De partida nos olvidaremos de las acepciones 4 y 5 pues considero que salen fuera de lo que estamos tratando en esta entrada.  Las acepciones 1, 2 y 3 muestran que la palabra una república no es más que un tipo de régimen político con unas características muy determinadas . Mientras que la segunda hace hincapié en la misma como una alternativa a la "Monarquía" en la primera se hace hincapié en el carácter electivo del jefe del Estado. En España por contraposición a la monarquía constitucional oligárquica del periodo isabelino, de la  Restauración y del periodo alfonsino el carácter electivo de la Jefatura del Estado se hizo extensivo a un supuesto carácter democrático del sistema republicano. Sabemos que dicho carácter democrático no es un necesidad histórica pues muchos son los ejemplos que lo desmienten: la  Primera República en su segundo año de existencia (1874); dictaduras derechistas envueltas en regímenes políticos republicanos (Argentina, Chile....); regímenes comunistas (repúblicas democráticas)... La tercera acepción hace referencia a la conjunción de la 1 y 2 como base del régimen político que recibe dicha denominación.

Como ya he comentado el régimen político republicano se convirtió en una alternativa política democrática que atrajo a todos aquellos grupos políticos ajenos a la alternancia restauracionista y a todos aquellos que constataron con frustración la incapacidad del anterior para evolucionar hacia una democracia real tanto de carácter político como social (en este sentido no había mucha diferencia con muchos de los revolucionarios europeos de 1848). Igualmente los postulados regeneracionistas vieron en ella, de forma mayoritaria, el medio para la modernización integral de España tras el fracaso de las tentativas monárquicas en este sentido (incluida la Dictadura de Primo de Rivera).

El fracaso de los dos experimentos republicanos españoles, con fuertes desórdenes durante su existencia (guerras coloniales, carlista y cantonalista para la Primera y Guerra Civil para la Segunda) nos conducen a la sexta acepción de nuestro diccionario. Indudablemente, su origen se encuentra en los detractores del sistema republicano que la ven como una fuente de anarquía y caos.

¿Cuáles fueron las líneas de actuación del proyecto de la Segunda República? La respuesta es breve y sencilla: la superación de la política, sociedad y economía del régimen monárquico alfonsino y calmar las fuertes tensiones de la España del primer tercio del siglo XX. Para ello se debería llevar a cabo una modernización integral del país que lo metiesen definitivamente en la Edad Contemporánea. Concretarlo ya fue más difícil aunque lo vamos a intentar partiendo de las medidas tomadas durante el primero periodo republicano:

• Democraticación real de la política española. Ello se conseguiría parcialmente con la Ley Electoral del 25 de abril de 1931 en la que buscó la desaparición del sistema caciquil. Aún así su éxito fue solo parcial pues todavía en numerosas regiones españolas pervivieron los mecanismos de dominación social y económica que había constituido su sustento.
• La laización del estado y la sociedad española, sobre todo la completa separación de la Iglesia con el Estado. Su plasmación la tenemos en las medidas tomadas para la secularización de cementerios (decreto de 30 de enero de 1932) y hospitales; la laización de la enseñanza (decreto de 5 de mayo de 1931), la vida social y la legislación familiar (ley de divorcio de 2 de febrero de 1932), la proclamación de la libertad de cultos (15 de abril de 1931)... Su sustento constitucional fue el artículo 26 de la Constitución de 1931. Con él llegarían también alguno de los viejos anhelos del liberalismo hispano más progresista: disolución de los jesuitas (23 de enero de 1932) y al Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas (25 de mayo de 1933)
• La descentralización de la administración territorial.  Mucho se ha debatido del alcance de las aspiraciones descentralizadoras de los grupos políticos que sustentaban a la Segunda República. Parece que estas eran inicialmente limitadas (el Estado integral), buscando calmar las aspiraciones catalanas en este sentido (aprobación del estatuto el 2 de septiembre de 1932) manteniendo la coesistencia entre la descentralización localizada en Cataluña, País Vasco y Galicia y la centralización del resto del territorio nacional.
• Garantizar una legislación social y laboral de corte progresista. Como ya se sabía la democratización no podía ser completa ni real sin una política que garantizase los derechos sociales y laborales a la clases más desfavorecidas. Ello se vio reforzado por el apoyo prestado por organizaciones políticas obreras (PSOE) al cambio de régimen que buscaban no sólo una gestión social y laboral más justa sino también despertar la conciencia de clase de dichos colectivos. Partiendo de ello se llevó a cabo una regulación de las relaciones laborales, incluyendo el mundo agrario: Ley de Contratos de Trabajo de 21/11/1931; Ley de Jurados Mixtos de 27/11/1931; Decreto de Términos Municipales de 20/04/1931... En ellas también se establecían medidas tanto para mejorar las condiciones laborales de los asalariados (jornada de 8 horas o vacaciones pagadas) como para legalizar el derecho a la huelga.
• La reestructuración de la propiedad agraria. En la misma línea que el punto anterior los republicanos y sus grupos afines defendieron una restructuración de la propiedad agraria o por lo menos del usufruto del suelo de cultivo. Iba más allá de un deseo de redistribución de la propiedad, buscaba enmendar los resultados de una revolución liberal nefasta para los grupos sociales más pobres del campo. Las posibles consecuencias de la revisión del derecho de propiedad, en este caso de bienes raíces, serían una fuente de división que darían al traste con la principal actuación en este sentido: la Ley de Reforma Agraria (9 de septiembre de 1932). Sin embargo no fue la única acción legislativa de calado en este sentido: Ley de Deshaucios (29/04/1931), Decreto de Laboreo Forzoso (7/5/1931) y Decreto de Asociaciones de Obreros Agrícolas (7/5/1931).
• La desmilitarización de la vida política española. El liberalismo español fue "liberalismo de espadones" (Raymond Carr) debido al raquitismo de sus apoyos sociales y económicos. Los militares habían ejercido una fuerte tutela sobre los distintos regímenes liberales entre 1836 y 1931 en uno o en otro sentido. Sin desmerecer del deseo de modernizar unas fuerzas armadas ineficientes y corruptas el objetivo último era devolver de una vez por todas a los militares a sus cuarteles, de los que habían estado saliendo continuamente desde 1814. Había que republicanizar al ejército.

La supervivencia de la República, con lo que ello suponía, y la pervivencia de su proyecto serán el mejor indicador de su éxito o fracaso. Lo cierto es que el régimen republicano democrático había desaparecido para el 1 de abril de 1939 y las medidas que lo encarnaron habían sido removidas en los años siguientes. El fracaso había sido total. Sin embargo debemos dejar claro que este fracaso fue únicamente de resultados inmediatos, no lo fue ni intenciones ni de visión de futuro. La mejor muestra es que nuestra sociedad ha recogido lo esencial de dicho proyecto y lo tiene normalizado e interiorizado. Algunas cuestiones como la reforma agraria han perdido vigencia y urgencia debido al éxodo rural. Aunque algunas otras quedan pendientes de debate, como el régimen monárquico, han perdido gran parte de su significado democratizador. El éxito del proyecto republicano de los años treinta se alcanzó ya sin la República.

Habría entonces que preguntarse ¿por qué la Segunda República constituyó un fracaso? Intentaremos aclararlos en próximas entradas.

El rigor metodológico en la defensa de la memoria histórica española del siglo XX

Las investigaciones historiográficas que defienden la recuperación de la memoria histórica española del siglo XX, fundamentalmente la Guerra Civil y el Franquismo, son cada vez más abundantes en la producción editorial y en los trabajo doctorales. No es posible negar de ninguna de las maneras la carga ideológica que tienen. Es por ello que la motivación de su lectura va más allá de la mera curiosidad y del interés bibliográfico. Sus defensores chocan duramente con unos detractores que se esconden detrás de la tradición tardofranquista de olvidar y pasar página. Los intentos de crear una producción niveladora que recuperara el victimismo legitimador franquista no son más que una sombra incapaces de competir con sus antecesores más clásicos: Joaquín Arrarás, Ricardo de la Cierva, la martirología española de los cuarenta y cincuenta o la "Causa General".

Parece pues que a las investigaciones que defienden la recuperación de la memoria histórica durante la Guerra Civil y el Franquismo tienen un prometedor futuro a corto y medio plazo. Sin embargo desde mi punto de vista aparecen algunos nubarrones en el horizonte que pueden ponerlo en peligro. Los arrivistas ajenos a la disciplina historiográfica (algo muy común, para nuestra desgracia) o con un conocimiento supérfluo de la misma, que ven en la recuperación de la memoria histórica un medio para alcanzar nuevos méritos y para engrosar su currículo político, se han unido a una moda cuya trascendencia va más allá de la investigación histórica. En esta línea he podido leer desde hace algunos años algunas tesis doctorales dirigidas por algunos historiadores-políticos.

Ello no debería ser un problema en sí mismo. Nos debería dar igual las aspiraciones personales del historiador. De la misma manera que a nadie parece preocuparle que una investigación histórica sirva de trampolín para la consecución de una cátedra universitaria, a nadie le debería alterar que su autor consiga cierto renombre en un partido político defensor a ultranza de la recuperación de la memoria histórica. Sin embargo a nadie se le escapa que esta comparación es extremadamente ingenua y bienintecionada (en otras palabras, tonta). Un aspirante a catedrático debe probar su valía investigadora ante unos colegas dispuestos a velar por la seriedad de la disciplina (sí, ya lo sé, en esto también peco de ingenuo). Por desgracia los compañeros de partido un aspirante a político no suelen ser tan rigurosos. Así se pueden detectar en algunas monografías sobre represión franquista durante la Guerra Civil y la posguerra algunos fallos graves que pueden en el medio plazo dar al traste con la recuperación de la memoria histórica de quienes las sufrieron. Errores terminológicos o abuso de fuentes historiográficas sin una crítica adecuada o sin buscarle fuentes complementarias que las apoyen suele ser de lo más común. El abuso de las fuentes orales no utilizadas adecuadamente, por ejemplo, no solo restará credibilidad a un trabajo concreto sino también a todo su campo investigación. Proporcionará gratuitamente argumentos a sus detractores. Y todo ello sin entrar en cuestiones más profundas del trabajo científico de un historiador: la elaboración de hipótesis y la comprobación rigurosa de las mismas. Concluyendo, que el fin no puede nunca justificar los medios, de lo contrario nos arriesgamos a ceder la iniciativa a aquellos que desean cortarla de raíz.

Es por ello que, sin buscar una profundización excesiva, hago las siguientes propuestas metodológicas a aquellos que se arriesguen a surcar la procelosas aguas de la investigación histórica en general y de la recuperación de la memoria histórica del siglo XX en particular:

• Rigor en el uso de la terminología histórica. Trasladamos terminología actual propios de nuestra sociedad y política actual al pasado sin ningún empacho ni reparo. Debemos realizar una crítica seria y clara (conocida por el lector) para evitar extrapolaciones vergonzantes. En consonancia con tenemos que ser capaces de contestar coherentemente preguntas como estas: ¿Se puede aplicar a un anarquista combatiente en el frente de Aragón la etiqueta "defensor de la democracia"? ¿Qué etiquetas se aplicaría él a sí mismo y a su causa? ¿Nuestra concepción de la democracia sería igual que la suya si la tuviera? Si no tenemos cuidado nuestra investigación no guardará muchas diferencias con una tertulia televisiva o radiofónica.
• Crítica rigurosa de las fuentes historiográficas, sobre todo de las fuentes orales. Estas, en concreto, precisan una crítica compleja y necesitan el apoyo de otras fuentes para que sean creíbles. Sin la contrastación adecuada de nuestras fuentes siempre pueden aparecer otras que a contradigan y que hundan las conclusiones en ellas fundamentadas.
• Hay que intentar evitar una implicación excesiva y con ella las justificaciones de las acciones de unos para demostrar la malintencionalidad del otro. Comprender las causas no debe ser, bajo ningún concepto, justificar actos deplorables y condenables. Cualquier tufillo en ese sentido nos hará perder credibilidad científica de forma gratuita.
• Hay que intentar evitar el regusto de los historiadores amateurs por la crónica vacía sin un fin explicativo. Recordar es necesario pero no tendrá ningún valor sin un fin explicativo y comprensivo que amplíe y complete nuestro conocimiento sobre el tema investigado. Además, cuando se busca comprender y explicar se es más riguroso metodológicamente que cuando nos limitamos a contar hechos aislados. Por ejemplo con las fuentes.
• Finalmente, unido a lo anterior, es preciso trabajar con un plan de investigación fiable y riguroso. Sin temor de los resultados de la misma, sean cuales sean. Los resultados concretos adversos o sin el alcance esperado pueden llevarnos a sentir decepción por el tiempo perdido pero bajo ningún concepto tienen porque acabar con la causa de la recuperación de la memoria histórica española durante el siglo XX.

Supongo que alguno considerará que es una "perogrullada" lo que acabo de escribir. ¡Seguro! Sin embargo el deseo de algunas instituciones locales de colaborar con "la causa" y la proliferación de internet han dado demasiada cancha a unas producciones de baja calidad historiográfica. Si no lo denunciamos, caso a caso, corremos el riesgo de desvirtuar la recuperación de la memoria histórica durante el Franquismo y la Guerra Civil. Hay que denunciar casos concretos. Esta entrada, una "pica en Flandes", es sólo el comienzo. Creo que sin cuestionar sus fines deberíamos ir poniendo en evidencia las deficiencias de este tipo de investigaciones. En la historiografía los atajos nunca han llevado a ninguna parte.

Mujeres suplicando a los soldados rebeldes por la vida de sus familiares prisioneros. Constantina (Sevilla), verano de 1936 (Fuente: es.wikipedia.org/wiki/Represi%C3%B3n_franquista).